Con la excepción del movimiento de hogares hipotecados, el 15M muestra dificultades para integrar en la protesta a la población migrante. Aportamos una reflexión de un participante del movimiento en Madrid.
PABLO SÁINZ
JUEVES 8 DE DICIEMBRE DE 2011. NÚMERO 163
- Foto: Olmo Calvo
El 15M sufre de palidez pero no está enfermo. Es apenas un problema de pigmentación de su piel, que no ha logrado subir de color en sus siete meses de vida. La ausencia de personas migrantes en esta construcción colectiva es una de las cuentas pendientes del movimiento. ¿Cómo hacerse más inclusivo?
No es fácil el desafío, ni siquiera se debe pensar que existe una única receta o que la solución se encontrará de la noche a la mañana. Es difícil romper con dinámicas sociales que tienden cuando no a discriminar, a ser meramente asistenciales con esa “otra” personallegada de afuera, un sujeto social que aún se configura en el imaginario colectivo como uno de los enemigos (y culpables) en este contexto de crisis. Guerra de pobres contra pobres, vieja estrategia del sistema.
No se puede olvidar que el proceso migratorio hacia España es relativamente nuevo. Un país históricamente expulsor de personas, en las últimas dos décadas ha visto invertida esa tendencia, y esto representa, ante todo, que la constitución migrante como sujeto político recién se está viendo aparecer en una segunda generación, en esa masa adolescente llegada desde temprana edad o nacida aquí pero que preserva una fuerte identidad con el país de origen de sus progenitores y que, por ejemplo, se ve asomar en los reclamos por la educación pública.
Tampoco se debe soslayar que hasta “ayer” nomás las personas migrantes en el Estado español tenían prohibido por Ley el derecho a manifestarse, a votar, a reclamar, sindicarse e incluso asociarse. Una serie de vulneraciones aderezadas por la creciente persecución policial en las calles, con el fin último de infundir el miedo.
Instalarlo, meterlo en la piel de esas personas que han llegado aquí y se les ha dicho durante todo este tiempo que podían estar porque se les necesitaba para esos trabajos que las personas nativas no querían hacer, pero que eso no les daba mayores derechos. Y ojo con portarse mal, que teníamos la autoridad de echarles “a su puto país”. La herramienta del miedo, que en este caso se ejecuta también con medidas como la denegación de documentación por el mero hecho de tener “informes gubernativos desfavorables”, que no antecedentes penales. Es decir que una simple acusación (muchas veces infundada) vale para medirles con la vara de la culpabilidad.
Incluso el movimiento asociativo migrante no se ha caracterizado por promover una base crítica. La realidad, salvo excepciones, es quemuchas asociaciones legitiman el modelo imperante. Es lo que suelen tener las subvenciones públicas, un sistema muy bien fraguado para conseguir un tejido asociativo generalmente asistencial, donde primen más los cargos a ocupar que la real participación de las bases.
Difícil, entonces, reclamar a las personas migrantes que se sientan parte de las demandas contra un sistema que amparado en la desidia colectiva les ha mantenido excluidas y ha cargado contras ellas parte importante de las culpas. ¿Si los derechos no les corresponden porque se los negamos, por qué van a sentir como propia la obligación de defenderlos?
"¿SI LOS DERECHOS NO LES CORRESPONDEN PORQUE SE LOS NEGAMOS, POR QUÉ VAN A SENTIR COMO PROPIA LA OBLIGACIÓN DE DEFENDERLOS?"
Tampoco el 15M ha logrado quitarse de encima los lastres de una sociedad que encuentra en la migración la excusa para sus frustraciones. La idea de que vienen a quitarnos el trabajo, que por ellas no hay plazas para los chicos en las escuelas y un rosario de mitos urbanos muy bien montados, hacen mella en un entramado social que solo tendrá éxito si se hace más inclusivo.
El ejemplo de los desahucios
En este contexto parece válido como camino de encuentro la lucha contra los desahucios, una posibilidad que cobra interés en la construcción de esa pelea conjunta, codo a codo, a través del surgimiento de espacios mixtos de reflexión, en los que todas las personas, migrantes y nativas, puedan reconocerse como sujetos capaces de trabajar frente a un enemigo común.
Aunque paradójico, muchos hacen frente a los desahucios independientemente de la procedencia de la familia afectada, pero –lamentablemente– no se plantan con la misma convicción ante una redada racista, pese a que se siguen dando pequeños (pero no por ello menos importantes) episodios de resistencia ciudadana contra las mismas.
No se trata de ser pesimistas, se ha avanzado y mucho. De aquellas primeras noches de mayo, cuando se pregonaba “no comprar a las mafias que vendían cerveza” o se hablaba de “la mafia del top manta”, se ha recorrido camino y nos hemos encontrado en puntos de lucha que bien vale la pena destacar y acentuar: como la denuncia de las redadas y los desahucios.
Hoy, hablar de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o de las propias redadas policiales es sembrar en un terreno abonado de mayor conciencia social, y eso es un mérito del 15M... habrá que asimilar, entonces, que los derechos son de todas las personas, o quienes deciden seguirán ampliando la brecha de exclusión.
Muchos migrantes desde hace un tiempo no pueden acceder a la cobertura sanitaria, pero a esta sociedad no le importó. Ahora es el turno de los parados de larga duración. El 15M debe ampliarse a todos los sectores, si no, nadie puede predecir dónde frenará la tijera de los recortes.
Pablo Sáinz participa en la Asamblea Popular del barrio de Carabanchel (Madrid).
