martes, 27 de diciembre de 2011

Interceptados 41 menores en una patera con 56 inmigrantes

EL PAÍS - Madrid - 24/12/2011


Una patera con 56 inmigrantes magrebíes a bordo, todos varones y en aparente buen estado de salud, fue interceptada la madrugada de ayer a unas tres millas de la Rábida (Huelva) y trasladada al puerto granadino de Motril. Según informó la Cruz Roja, 41 de los sin papeles podrían ser menores, aunque aún no se han hecho las pruebas correspondientes.



También el viernes, cerca de 60 subsaharianos lograron llegar a nado a la playa del Tarajal en Ceuta, justo en la frontera con Marruecos. Entre ellos había una decena de menores, aunque cercanos a la mayoría de edad.
Solo uno de estos inmigrantes, con signos de hipotermia, tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario, según informó la Guardia Civil. Los inmigrantes usaron chalecos salvavidas y neumáticos para alcanzar la playa ceutí. Al otro lado de la frontera, la policía marroquí logró impedir el paso de otros 150.

lunes, 19 de diciembre de 2011

Cuenta atrás para el cerrojazo

LAS DECLARACIONES DE UN DIPUTADO DEL PP REAVIVAN EL TEMOR A QUE SE BLOQUEEN LAS REGULARIZACIONES  


El Gobierno de Rajoy sólo tendrá que aplicar un supuesto ya previsto en la Ley para subordinar a la situación nacional de empleo las solicitudes de ‘papeles’ de quienes residen de forma irregular.



DIEGO SANZ PARATCHA (REDACCIÓN)
LUNES 19 DE DICIEMBRE DE 2011.  NÚMERO 163

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Foto: Olmo Calvo
Después de las elecciones del 20N, el primer cargo del Partido Popular que anunció algún tipo de medida política de ámbito estatal fue Rafael Hernando, portavoz del PP en la comisión de inmigración del Congreso de los Diputados. El presidente electo, Mariano Rajoy, se demoró hasta el sábado 3 de diciembre para salir de su silencio con una versión casera del “sangre, sudor y lágrimas” de Churchill.
Lo que anunció Hernando el jueves 24 de noviembre fue el fin del procedimiento conocido como arraigo social, la principal vía de regularización para quienes viven en territorio español sin permiso de residencia ni trabajo. El número uno del PP por Almería, que no figura en ninguna ‘quiniela’ de ministrables, dijo muchas cosas en sus declaraciones a la agencia Efe: habló de implantar “la inmigración circular”, de “vincular la inmigración al empleo” de reformar siete artículos del Reglamento de Extranjería y de terminar con la supuesta entrada masiva de irregulares con visado de turista.
Pero sobre todo, lo que concretó fue que el Gobierno aplicará la llamada situación nacional de empleo a las nuevas solicitudes de tarjetas de residencia y trabajo tramitadas con la fórmula del arraigo social. Hasta ahora, la residencia continuada de tres años y el presentar un contrato de trabajo de un año de duración eran las dos principales exigencias para tramitar los ‘papeles’ por esta vía.
La única de las medidas mencionadas por Hernando que podrá ejecutar el nuevo Gobierno en su primer consejo de ministros es precisamente ésta. “Para reformar los artículos 123 a 130 del Reglamento de Extranjería, el Gobierno tendría que redactar y aprobar una Ley Orgánica”, precisa Adolfo Gutiérrez, abogado de extranjería en la Oficina de Derechos Sociales (ODS) del madrileño Centro Social Seco. “Esto les llevaría como poco tres o cuatro meses”, explica.
En cambio, la limitación de los contratos por arraigo a aquellos sectores en los que no existe desempleo se puede hacer mediante una simple orden ministerial, de acuerdo con el actual Reglamento de Extranjería, aprobado por el Gobierno del PSOE en abril de 2011. “La propuesta del PP la puso sobre la mesa y la hace posible el Gobierno de Zapatero”, se apresura a aclarar Gerardo Márquez, de la Coordinadora de Inmigrantes de Málaga.
Las consecuencias de este cambio se pueden consultar en el catálogo de profesiones de difícil cobertura que publican cada cuatro meses los servicios públicos de empleo: la bolsa de irregulares, de entre medio millón y un millón de personas, podría aspirar a puestos altamente cualificados (como diversas especialidades en medicina) o a contratos sectoriales en la marina y el deporte profesional. En otras palabras, el temido cerrojazo migratorio se podría aplicar de derecho sin modificar la Ley.
La secretaria de Estado de Inmigración, Anna Terrón, ya había avisado en el tramo final de la reforma del Reglamento de Extranjería que la regularización por arraigo tendría que ser “cada vez más excepcional”. Terrón acudía a la fórmula usada en el título preliminar de la Ley de Extranjería para certificar que “el modelo español de inmigración” se basa en vincular la inmigración al empleo, una realidad que Rafael Hernando, en sus declaraciones a Efe, atribuyó a las intenciones futuras del Gobierno del PP.
Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Trabajo e Inmigración, en junio de 2011 había 70.684 personas de origen extranjero cuyo primer permiso de empleo procedía de un trámite por arraigo. Pero la referencia para medir el impacto de esta fórmula se encuentra, dentro de las estadísticas, en las casi 930.000 personas (de un total de 2.660.000 residentes regulares no comunitarios) que disponen de una tarjeta temporal de trabajo: la bolsa de mano de obra que en los últimos cinco y seis años ha accedido a la tarjeta de empleo por haber sido contratada en su país (una vía en declive desde 2008) y/o por haber aguantado los tres años sin tarjeta hasta poder conseguir un contrato para el arraigo.
Para Ahmed, un maestro senegalés de 35 años miembro de la ODS de Terrassa (Barcelona), el fin del arraigo supondría “una decepción total” para la gente que todavía espera cumplir los tres años de residencia o que está iniciando los trámites de la regularización. “El cambio no sería justo porque el Estado había adquirido un compromiso con ellos. Podrían haber ido a otro lugar, pero han preferido esperar hasta poder regularizarse”, afirma.
Esta espera, desde el inicio de la crisis, supone una carrera de obstáculos en muchas provincias españolas. No existen datos públicos sobre el número de tarjetas de arraigo denegadas, perouna alta funcionaria situaba el porcentaje de denegaciones en Madrid en el 80% de las solicitudes durante el verano de 2010.
“Ya es muy difícil conseguir un contrato de un año de duración, y además están mirando con lupa los datos fiscales de las empresas que hacen los contratos”, destaca Ahmed. El margen para la arbitrariedad administrativa es alto –los tiempos de espera llegan a un año– y varía según la provincia: en la de Barcelona, un bufete de extranjería llamado Legalcity ha llegado a requerir a la delegación del Gobierno que “explicite” los criterios que está siguiendo para admitir o rechazar las solicitudes.
Abdel Sabri, un técnico marroquí que vive con su mujer y su hijo en el barrio madrileño de San Blas, resume: “Primero han ido a por nuestros trabajos, luego a por nuestras casas y ahora a por nuestros papeles”.

Este artículo forma parte de una serie, animada por personas de Madrilonia, Diagonal, Ferrocarril Clandestino, Brigadas Vecinales de Derechos Humanos y participantes en el 15M, con el objeto de enriquecer los debates surgidos en torno a las convocatorias del 10 al 18 de diciembre por los derechos de los inmigrantes.

LETRA PEQUEÑA EN EXTRANJERÍA

CONTRATO DE INTEGRACIÓN
Desde que Rajoy copiara de Sarkozy la propuesta de un contrato de integración para inmigrantes en la campaña electoral de 2008,la polémica ha servido para marcar en los medios las diferencias entre el discurso del PP y el del PSOE sobre inmigración. No obstante, la iniciativa desapareció del programa electoral del PP para el 20N.
EXPULSIÓN EXPRÉS
La legislación de extranjería impide que quienes tengan antecedentes penales puedan regularizarse o renovar su permiso de residencia. En noviembre, una circular de la Fiscalía general del Estado ha pedido a los jueces que ordenen la expulsión de los inmigrantes que hayan reincidido, sin esperar al resultado del juicio.
TRABAS AL VISADO
¿Es tan fácil entrar con visado en territorio español como dice el PP? Dos ejemplos: CEAR denuncia que los consulados españoles en Marruecos no expiden visados para reagrupaciones familiares ya autorizadas. En Colombia, las colas frente a los consulados han provocado quejas de los afectados, según la cadena RCN La Radio.

jueves, 15 de diciembre de 2011

Estimad@s compañer@s

Con motivo de nuestro primer aniversario de estancia en nuestra sede social en Lepe y en conmemoración con el día de las personas migrantes, tenemos el placer de invitaros y compartir con vosotros una jornada de convivencia, de amistad, de solidaridad y de alegría.

Dicha jornada dará comienzo el día 18 de Diciembre a las 12:00 horas y finalizará a las 20:00 horas aproximadamente. Estará amenizada con música y grupos de danza de diferentes estilos y culturas durante el transcurrir de la misma. Contaremos con un grupo de danza de tango, de bachata, de música africana y de cualquier otro grupo improvisado que surja. También pondremos en marcha una actividad, para el mes de diciembre, consistente en un mercadillo solidario dentro de la sede.

Por otro lado, contaremos con un servicio de barra donde podremos adquirir bebidas y degustar las distintas variedades gastronómicas (algunas gratuitas), también se desarrollarán talleres para los niños asistentes y contaremos con un espacio para poner algunos stands de las entidades colaboradoras.

Uno de los objetivos principales que nos hemos planteado en esta jornada, es que las personas invitadas conozcan nuestra sede social así como a sus integrantes y que pasemos todos juntos un día de diversión y de convivencia entre las distintas culturas asistentes.

Contaremos con la colaboración de distintas entidades que han optado por poner su granito de arena en este día tan señalado para nosotros y para todas las personas que están fuera de sus países.

Sin más, sólo emplazaros a que vengáis y a que pasemos un día, al menos, diferente…



Presidenta: Ana Mateos Gómez

Consecuencias cotidianas de los controles de identidad racistas

MILES DE PERSONAS SE VEN SOMETIDAS A IDENTIFICACIONES Y ARRESTOS SÓLO POR SU APARIENCIA FÍSICA


Las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos lanzan hoy una campaña para exigir el fin de los controles de identidad basados en criterios raciales por ser discriminatorios e ilegales. En este artículo cuentan las consecuencias de esta práctica en la vida cotidiana de miles de personas.




BRIGADAS VECINALES DE OBSERVACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2011.  NÚMERO 163

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Foto: Olmo Calvo
Los controles de identidad racistas constituyen una práctica policial sistemática que se ha ido incrementando en los últimos años. Estos controles y redadas no tienen relación alguna con la persecución de delitos (no tener papeles no es un delito sino una falta administrativa equiparable a aparcar el coche en doble fila). Son discriminatorios, ilegales, vulneran múltiples derechos fundamentales (el de no discriminación e igualdad de trato, libertad de movimientos, a la integridad física y moral, derechos de reunión y asociación…) y perjudican gravemente la vida cotidiana de miles de personas, con “papeles” o no, que se ven expuestas a los controles policiales exclusivamente en base a su apariencia física.
Son el resultado más claro y concreto del racismo institucional que implanta una política de control que criminaliza a una parte de la población y que instaurando un toque de queda selectivo en la ciudad. Las consecuencias en el día a día son profundas, generan miedo e inseguridad entre las y los afectados. y los actos más comunes se convierten en actividades potencialmente peligrosas. Así lo reflejan testimonios como los de Abdelkader, que afirma que ha dejado de bajar al parque porque “es una locura” o Miguel que cuenta que vuelve en taxi de la obra en la que trabaja, a pesar del alto coste que este transporte representa para un sueldo de 800€ mensuales, para evitar las identificaciones. Manuel narra cómo un coche patrulla derrapó para interceptarlo una noche que volvía a casa después de ver un partido de fútbol con unos amigos sometiéndole a un interrogatorio totalmente arbitrario: “¿Dónde vives? (…), ¿Qué haces por aquí? (…). Vete para casa que ya es tarde…”.
Uno de los efectos inmediatos es la limitación de los espacios y vías públicas. Ir a trabajar, hacer la compra, ir a buscar a los hijos e hijas al colegio, salir a tomar algo, viajar en el metro o el tren, se convierten en actividades de riesgo. Los controles de identidadsuelen contar además con la complicidad y colaboración de la seguridad privada de las empresas de transporte. La libertad de las personas que son diariamente paradas, identificadas y eventualmente retenidas o detenidas se ve así seriamente coartada. Gustavo cuenta que cuando su hijo llora mucho y está muy nervioso no puede bajarle al parque “porque no tengo papeles”. Una mujer boliviana relata la diferencia entre cómo vivió el primer control que sufrió a los pocos días de llegar a Madrid (“les contesté que quiénes eran ellos para pedirme el pasaporte”) y el último (“me temblaban las piernas y me quedé callada”). Otro joven narra, emocionado, cómo pasó 24 horas en comisaría sólo por estar con su novia en la calley serle requerida la documentación. Carlos, por su parte, dice que no puede echarse pareja, siente que le miran como si fuese buscando los dichosos papeles. Carlos apenas sale de su casa “por las redadas que están haciendo; de casa al trabajo y del trabajo a casa”.
De este modo, los intensos controles selectivos sobre la población migrante generan por una parte la interiorización del miedo y por otra fomentan la asociación de determinados rasgos físicos con comportamientos delictivos. Ser considerado rutinariamente como “persona sospechosa” impulsa a muchos vecinos y vecinas a esconderse de la policía limitando sus movimientos, actividades y relaciones sociales, reforzándose a su vez la estigmatización y los prejuicios.
Lidia cuenta que su motivación para conseguir los papeles no es la de tener mayores derechos de ciudadanía, formales o laborales, sino la de evitar situaciones como la que vivió en una ocasión yendo a la casa en la que trabajaba (por 500 euros mensuales): acabó detenida durante 24 horas. Lidia insistió a los agentes que era madre soltera de una niña pequeña que quedaba en situación de desamparo durante ese tiempo pero su reclamo fue totalmente ignorado.
Las consecuencias de los controles no sólo son individuales, sino también colectivas. Afectan a la vida de ciudades y barrios, repercuten en la convivencia y socavan la libertad de todos y todas. Muchos espacios públicos se han visto empobrecidos por la alta presencia policial en parques, plazas y otros lugares habituales de reunión de vecinos y vecinas. No son “daños colaterales o efectos secundarios”. La represión, fiscalización y control social que vivimos son objetivos centrales de estas prácticas. Visibilizar y denunciar los controles de identidad, relacionar estos mecanismos de coerción social con la falta de libertades de todos y todas y exigir el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales, son acciones que forman parte del compromiso colectivo imprescindible para acabar con las redadas racistas.
Este artículo forma parte de una serie, animada por personas de Madrilonia, Diagonal, Ferrocarril Clandestino, Brigadas Vecinales de Derechos Humanos y participantes en el 15M, con el objeto de enriquecer los debates surgidos en torno a las convocatorias del 10 al 18 de diciembre por los derechos de los inmigrantes.

jueves, 8 de diciembre de 2011

Una semana de acción por los derechos de los migrantes

LAS ACCIONES ARRANCAN EN DISTINTAS CIUDADES EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS




El 15M prepara en Málaga y Madrid una semana de lucha que se centrará en la defensa de la inmigración y de los derechos humanos.



REDACCIÓN WEB
JUEVES 8 DE DICIEMBRE DE 2011.  NÚMERO 163
Diferentes asambleas populares del 15M preparan acciones en torno a las fechas del 10 y el 18 de diciembre, que marcan respectivamente el día internacional de los Derechos Humanos y el día de acción global por los derechos de los y las inmigrantes.
En cuanto a la inmigración, las acciones estarán centradas en la denuncia de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y en las redadas con perfiles raciales ordenadas por el Gobierno español.
Según explica Gerardo Márquez, de la Coordinadora de Inmigrantes de Málaga, en esta ciudad las actividades se centrarán en "denunciar la situación en los CIE, y también el recorte de derechos, esta criminalización de la inmigración que vemos que se va acentuar con el PP pero ha sido una práctica con el Gobierno del PSOE".
En Málaga funciona el CIE de Capuchinos, centro cuyo director fue destituido en 2006 por el escándalo de abusos sexuales a las internas y cuyas condiciones siguen siendo denunciadas hoy por inmigrantes y asociaciones. La presión social de las asociaciones ha sido tan fuerte como para forzar al pleno municipal a exigir el cierre del centro.
"Tenemos previsto realizar un escrache [acto público de señalización y denuncia, muy usado en Argentina contra personalidades de las juntas militares] del CIE, con el lema ’usted vive cerca de un centro donde se violan los derechos humanos", prosigue Márquez. Además, una manifestación pedirá el sábado 17 más derechos para la población migrante y el cierre de los CIE. Todas las acciones se han acordado con el 15M de la ciudad.
En Madrid, comisiones y asambleas de barrio del 15M preparan todo un programa de acciones entre el 10 y el 18 de dixiembre.
Además de las acciones, las jornadas intentarán promover la reflexión común dentro de asambleas y grupos de trabajo del 15M sobre los derechos humanos y las migraciones a través de talleres y charlas específicas.




Respuesta del barrio a controles racistas

Sobre la palidez del 15M

PESE AL MAYOR IMPACTO DE LA CRISIS ENTRE LA POBLACIÓN INMIGRANTE, EL MOVIMIENTO ES PREDOMINANTEMENTE ESPAÑOL Y BLANCO


Con la excepción del movimiento de hogares hipotecados, el 15M muestra dificultades para integrar en la protesta a la población migrante. Aportamos una reflexión de un participante del movimiento en Madrid.



PABLO SÁINZ
JUEVES 8 DE DICIEMBRE DE 2011.  NÚMERO 163

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Foto: Olmo Calvo
El 15M sufre de palidez pero no está enfermo. Es apenas un problema de pigmentación de su piel, que no ha logrado subir de color en sus siete meses de vida. La ausencia de personas migrantes en esta construcción colectiva es una de las cuentas pendientes del movimiento. ¿Cómo hacerse más inclusivo?
No es fácil el desafío, ni siquiera se debe pensar que existe una única receta o que la solución se encontrará de la noche a la mañana. Es difícil romper con dinámicas sociales que tienden cuando no a discriminar, a ser meramente asistenciales con esa “otra” personallegada de afuera, un sujeto social que aún se configura en el imaginario colectivo como uno de los enemigos (y culpables) en este contexto de crisis. Guerra de pobres contra pobres, vieja estrategia del sistema.
No se puede olvidar que el proceso migratorio hacia España es relativamente nuevo. Un país históricamente expulsor de personas, en las últimas dos décadas ha visto invertida esa tendencia, y esto representa, ante todo, que la constitución migrante como sujeto político recién se está viendo aparecer en una segunda generación, en esa masa adolescente llegada desde temprana edad o nacida aquí pero que preserva una fuerte identidad con el país de origen de sus progenitores y que, por ejemplo, se ve asomar en los reclamos por la educación pública.
Tampoco se debe soslayar que hasta “ayer” nomás las personas migrantes en el Estado español tenían prohibido por Ley el derecho a manifestarse, a votar, a reclamar, sindicarse e incluso asociarse. Una serie de vulneraciones aderezadas por la creciente persecución policial en las calles, con el fin último de infundir el miedo.
Instalarlo, meterlo en la piel de esas personas que han llegado aquí y se les ha dicho durante todo este tiempo que podían estar porque se les necesitaba para esos trabajos que las personas nativas no querían hacer, pero que eso no les daba mayores derechos. Y ojo con portarse mal, que teníamos la autoridad de echarles “a su puto país”. La herramienta del miedo, que en este caso se ejecuta también con medidas como la denegación de documentación por el mero hecho de tener “informes gubernativos desfavorables”, que no antecedentes penales. Es decir que una simple acusación (muchas veces infundada) vale para medirles con la vara de la culpabilidad.
Incluso el movimiento asociativo migrante no se ha caracterizado por promover una base crítica. La realidad, salvo excepciones, es quemuchas asociaciones legitiman el modelo imperante. Es lo que suelen tener las subvenciones públicas, un sistema muy bien fraguado para conseguir un tejido asociativo generalmente asistencial, donde primen más los cargos a ocupar que la real participación de las bases.
Difícil, entonces, reclamar a las personas migrantes que se sientan parte de las demandas contra un sistema que amparado en la desidia colectiva les ha mantenido excluidas y ha cargado contras ellas parte importante de las culpas. ¿Si los derechos no les corresponden porque se los negamos, por qué van a sentir como propia la obligación de defenderlos?

"¿SI LOS DERECHOS NO LES CORRESPONDEN PORQUE SE LOS NEGAMOS, POR QUÉ VAN A SENTIR COMO PROPIA LA OBLIGACIÓN DE DEFENDERLOS?"

Tampoco el 15M ha logrado quitarse de encima los lastres de una sociedad que encuentra en la migración la excusa para sus frustraciones. La idea de que vienen a quitarnos el trabajo, que por ellas no hay plazas para los chicos en las escuelas y un rosario de mitos urbanos muy bien montados, hacen mella en un entramado social que solo tendrá éxito si se hace más inclusivo.
El ejemplo de los desahucios
En este contexto parece válido como camino de encuentro la lucha contra los desahucios, una posibilidad que cobra interés en la construcción de esa pelea conjunta, codo a codo, a través del surgimiento de espacios mixtos de reflexión, en los que todas las personas, migrantes y nativas, puedan reconocerse como sujetos capaces de trabajar frente a un enemigo común.
Aunque paradójico, muchos hacen frente a los desahucios independientemente de la procedencia de la familia afectada, pero –lamentablemente– no se plantan con la misma convicción ante una redada racista, pese a que se siguen dando pequeños (pero no por ello menos importantes) episodios de resistencia ciudadana contra las mismas.
No se trata de ser pesimistas, se ha avanzado y mucho. De aquellas primeras noches de mayo, cuando se pregonaba “no comprar a las mafias que vendían cerveza” o se hablaba de “la mafia del top manta”, se ha recorrido camino y nos hemos encontrado en puntos de lucha que bien vale la pena destacar y acentuar: como la denuncia de las redadas y los desahucios.
Hoy, hablar de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o de las propias redadas policiales es sembrar en un terreno abonado de mayor conciencia social, y eso es un mérito del 15M... habrá que asimilar, entonces, que los derechos son de todas las personas, o quienes deciden seguirán ampliando la brecha de exclusión.
Muchos migrantes desde hace un tiempo no pueden acceder a la cobertura sanitaria, pero a esta sociedad no le importó. Ahora es el turno de los parados de larga duración. El 15M debe ampliarse a todos los sectores, si no, nadie puede predecir dónde frenará la tijera de los recortes.
Pablo Sáinz participa en la Asamblea Popular del barrio de Carabanchel (Madrid).

sábado, 3 de diciembre de 2011

Desahucio Paralizado. Madrid 24 de noviembre.

Las discriminaciones superpuestas: identidad de género y migraciones

EL CÓCTEL ENTRE RACISMO Y HOMOFOBIA VISTA POR LA POBLACIÓN MIGRANTE LGTB


Un informe de ONU Mujeres analiza la doble discriminación a las que se enfrentan las migrantes lesbianas, gays, bisexuales y trans en España.



JULIETA ARIAS VÁZQUEZ / MADRID
JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2011.  NÚMERO 162

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Foto: Laura Schettino.
“Trabajo como un esclavo, no ejerzo mi profesión, no tengo a mi familia, pero soy feliz, porque no tengo la preocupación de que me vean”, afirma Juan, un chico gay venezolano. A Alejandro le llamaban “olla” en Perú, “como una olla a presión, ni masculino ni femenino”. En Honduras un policía asestó 22 puñaladas a Noelia, una chica transexual, que consiguió salvarse. Todos llegaron a España con el sueño de poder expresar libremente su identidad de género u orientación sexual, en un país al que veían muy avanzado en leyes pro Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales/Transgénero (LGTB). Sin embargo, en muchos casos, el sueño de libertad se derrumba ante las trabas que aparecen por su camino.
Estos testimonios, y el de 11 migrantes LGBT más, procedentes de Latinoamérica, África y Rusia, forman parte de una investigación “cualitativa” de ONU Mujeres, que se presentó el pasado 23 de octubre en el madrileño Casino de la Reina. El informe, bajo el título La situación social de la población migrante TLGB en España, desde un enfoque de género y de derechos humanos, pone de manifiesto que la unión de migración e identidad de género multiplica los problemas, y da lugar a discriminaciones superpuestas de etnia, clase u orientación sexual. El informe pretende “llamar la atención sobre los derechos LGTB que son vulnerados” e incidir en la importancia de “incluir estos temas en la agenda internacional sobre migraciones y desarrollo”.
Todos los autores del estudio son activistas LGTB, y casi todos migrantes. Una de las autoras de esta investigación, la socióloga italiana Valentina Longo, es un ejemplo de ello: “En Italia tienes miedo de que te peguen por la calle por ir de la mano con tu pareja (del mismo sexo)”. La investigación es “una herramienta militante”, porque “es un recorrido personal de cada uno de nosotros”, defiende Longo. Se tiende a considerar en la mayoría de investigaciones “lo economicista de las inmigraciones”, y en este informe se presentan casos de personas que “emigran por razones igualmente importantes como puede ser el amor” o la identidad de género.
Violencia en las miradas
Dentro de la discriminación étnica, el informe apunta a dos tipos diferentes. El primero se da por la propia condición de migrante, por ejemplo, frente a controles policiales a la salida del Metro de Madrid, donde el hecho de no tener el color de piel dominante se convierte en una sospecha. “¿Y si me ven cara de latina?”, se pregunta Karen, chilena transexual. Majo, transgénero de Uruguay, se considera tristemente privilegiada “por ser blanca”.
El segundo tipo de discriminación se da dentro de los propios colectivos LGTB. Hay estereotipos, “que son también otra forma de racismo”, como la consideración de la mujer latina como “caliente”, y de la lesbiana africana como “exótica”, denuncia Bintou, de Uganda: “Resulta difícil para mí encontrar una pareja porque piensan que quiero aprovecharme”.
La discriminación étnica va unida también a la discriminación por clase. El modelo de clase gay que se da en España es “el de clase social alta, que viste bien, de piel blanca, y que sale por Chueca”. Valentina Longo, lo define como “un modelo de consumo”. La discriminación saliendo por Chueca se la encontró un gay peruano a quien le preguntaron en un bar de ambiente gay “qué hacía allí” y “quién le había dado el flyer”. Algunos migrantes que acuden a organizaciones pro LGTB sienten que hay una “sospecha” de que tienen un “interés material”, otras personas se ven como “pobres” o “extrañas” en ese ambiente.
La discriminación de identidad de género y orientación sexual se une a la étnica, ya que muchas de las personas que participaron en este informe se sienten rechazadas por los españoles “por la violencia de sus miradas”. Incluso dentro de los propios colectivos LGTB se da el tipo de discriminación por identidad de género. Ámbar, transexual ecuatoriana, pidió trabajo en una peluquería regentada por un gay, quien le increpó: “Queremos una persona más acorde con el ambiente, tú no das el tipo”. Mario decidió cambiarse de sexo y esto provocó el rechazo de sus compañeras lesbianas de colectivo.
En general, las lesbianas denuncian que están invisibilizadas con respecto a los varones homosexuales, debi- do a que suelen tener trabajos más precarios “como empleadas domésticas” y suelen vivir con personas de su mismo origen. Los migrantes LGTB no se sienten integrados dentro de los colectivos de migrantes donde “la homofobia es muy palpable”, afirma Longo.
Leyes injustas
El estudio hace un repaso de las leyes que afectan a la población LGTB tanto a nivel global, como español. Critican, por ejemplo, el derecho de asilo por motivo de género, que sólo se reconoce si va acompañado de otros motivos, “como si la discriminación por motivo de género no fuera suficiente”, dice Longo. Por su parte, los autores del estudio se suman a las críticas por parte de varios colectivos en cuanto a la Ley de Identidad de Género, que exige el diagnóstico médico de una “disforia de género” –un desacuerdo entre el sexo biológico y psicológico– “como si fuera una enfermedad mental”.
Por último, este estudio hace una distinción entre los colectivos institucionalistas y los de base. “Hay una gran distancia, ya que los primeros tratan los problemas desde una sola dimensión”, no conjugando migración y LGTB. Por su parte, los colectivos más pequeños “y ligados al movimiento anticapitalista” han sabido aglutinar migrantes, aunque “no están suficientemente organizados”.