Tres personas entran a la misma inmobiliaria a buscar un piso de alquiler. A dos de ellas les ofrecen sólo una. A la otra le ofrecen 13. Las tres son hombres que rondan los 30 años, afirman tener trabajo y contrato indefinido. ¿En qué se distinguen? En el color de la piel. El único blanco es el que se ha encontrado con esa oferta variada.
Ocurrió el pasado viernes durante el testeo de inmobiliariasorganizado por SOS Racismo-Bizkaia y CEAR-Euskadi en Bilbao con el objetivo de demostrar la discriminación que sufren las personas inmigrantes en el acceso a la vivienda.
Siete grupos compuestos por una persona autóctona, una magrebí y una del África negra, acompañados por periodistas en calidad de testigos, recorrieron un total de 29 inmobiliarias. A los nacionales les ofrecieron un total de 105 pisos; a los magrebíes 23, y a los subsaharianos 22. Es decir, a las personas inmigrantes sólo les ofrecieron el 20% de los pisos en alquiler; ya fuera porque no les atendieron o porque les ofrecieron menos pisos que a sus compañeros autóctonos.
A las 4 de la tarde, los siete grupos se reunieron en diferentes bocas de metro para empezar a recorrer las agencias de diferentes barrios bilbaínos. Los tres participantes de cada grupo entraban en las mismas inmobiliarias, pero de forma muy espaciada, para no levantar ninguna sospecha. Llevaban grabadoras en el bolsillo que registraron tanto declaraciones explícitas de que los propietarios de los pisos no quieren inmigrantes, como el contraste entre la amabilidad con la que se atendía a los nacionales y la brusquedad con la que se despachaba a los inmigrantes. A algunos ni se les dejaba entrar por la puerta: "No tenemos pisos en alquiler, sólo en venta". La mentira quedaba probada cuando entraba el nacional y se le ofrecía una amplia gama de viviendas.
"Encajas a la perfección con un piso y con su propietario. Le voy a llamar ahora mismo", le dijo exultante la agente a Peio en una inmobiliaria del Casco Viejo. Ya tenía al propietario al otro lado del teléfono cuando lo tapó para preguntarle a Peio: "Porque tienes nómina y todo, ¿no?". Le ofreció otros cinco pisos más. Ibrahima en cambio no duró ni cinco minutos en la inmobiliaria: "Hay poca cosa, la verdad", le dijo la misma mujer, quien se limitó a apuntar su teléfono y despedirle sin hablarle de ningún piso. En otra inmobiliaria, a Ibrahima, de origen senegalés, le dijeron que primero tenía que llevar contrato de trabajo, nómina y aval bancario, y entonces ya verían si algún propietario estaba interesado en alquilarle a él.
A Ababacar Sambe una agencia del centro de Bilbao sólo le ofreció un piso, y además le dijeron que falta construir un tabique para que tenga dos habitaciones. Sambe preguntó quién se encarga de construirlo. "Tú, claro". "O sea, todavía que sólo me ofrecen un piso, pretende que me ponga a hacer obras", comentó a su grupo indignado. Siempre se repetía la misma pauta, destaca su compañero Iñaki Ramírez de Olano, a quien en ese mismo establecimiento le ofrecieron trece, e incluso le animaron a negociar el precio:mientras que a los inmigrantes primero les preguntaban por su situación laboral, y luego se les ofrecía algún piso, a los nacionales se les empezaba describiendo un sinfín de opciones, y al final de la conversación se comprobaba que tenían trabajo. "Nadie duda de mi capacidad económica. A mí me venden pisos; en el caso de Ababacar, es él el que se tiene que vender para que le ofrezcan algo. En fin, resulta que soy el gran hombre blanco", lamenta Ramírez de Olano.
A Sambe no le sorprenden los resultados; él mismo ha experimentado a menudo dificultades para encontrar piso. Además, fue uno de los participantes del anterior testeo organizado por SOS Racismo en Bilbao el pasado marzo,
en el que demostraron la discriminación que sufren las personas inmigrantes cuando salen de fiesta. De los nueve bares que recorrieron, a los magrebíes les negaron la entrada en ocho. A Sambe y el otro compañero africano no les dejaron entrar en tres de los locales.
En dos de ellos les dijeron literalmente: "Aquí no entran negros ni moros". " Nos tienen viviendo en otro mundo. Nos están apartando, poniéndonos fronteras todo el rato", reprueba Sambe.
Las fronteras que ponen las inmobiliarias son más taimadas que los muros infranqueables que levantan los porteros de las discotecas. Son pocas las agencias que no atienden a inmigrantes, pero la mayoría tiene listados diferentes de los pisos que pueden alquilar a inmigrantes y los que no. El trato tampoco es el mismo: los autóctonos se encuentran con una sonrisa, y con un gran interés por captarles como clientes. El "aquí entran nuevos pisos todas las semanas" con el que intentaban fidelizar a los participantes nacionales del testeo choca con el seco "ya te llamaremos" con el que se quitaban de encima a los extranjeros. Se constaron también prácticas sutiles para desanimar a los inmigrantes, como ofrecerles viviendas de más de 1.500 euros al mes. "Hemos cumplido el objetivo de demostrar no sólo que existe la discriminación a la hora de prestar el servicio, sino que a los inmigrantes se les atiende peor: no les invitan a que se sienten, invierten menos tiempo en ellos", abunda Brigida Ridruejo, integrante de SOS Racismo.
Un racismo tan habitual que no se denuncia
Una vez que las inmobiliarias echaron la persiana, los grupos se reunieron en un bar para recopilar datos y compartir experienicas. Se debatían entre la alegría por haber demostrado que el racismo no es una práctica aislada sino sistemática en el mercado inmobiliario, y la tristeza por haberlo comprobado de una forma tan contundente. "Es duro confirmar que si a uno le ha costado un año encontrar piso no es porque haya tenido mala suerte o porque la cosa esté mal, sino porque es inmigrante, y que lo que le ha ocurrido es común al resto de personas con su color de piel", añade Ridruejo.
A la activista le preocupa que estas discriminaciones son tan habituales que las personas migrantes no las denuncian. A pesar de que en conversaciones informales todas las personas que se acercan a la organización confiesan haber vivido experiencias negativas tanto en inmobiliarias como llamando a anuncios de particulares, en 2011 SOS Racismo sólo ha recibido una queja por discriminación en el acceso a la vivienda.
El objetivo de la acción del viernes es dejar claro a inmobiliarias, propietarios de pisos, y a la sociedad en general que denegar una prestación profesional a una persona por su color de piel, su etnia o su religión es un delito. "Así lo recoge el Código Penal, pero hasta el momento este tipo de racismo no se ha llevado a juicio, porque hay un cierto vacío legal; resulta difícil dirimir responsabilidades", apunta Ridruejo. En principio, los propietarios no pueden establecer criterios racistas a la hora de contratar un servicio, y la inmobiliaria no puede aceptar esos criterios. Pero las agencias se escudan en que están atendiendo a los intereses de sus clientes.
Cuando a Sambe le propusieron participar en la acción antirracista,expresó sus dudas sobre si se puede cuestionar a una empresa porque atienda las exigencias de su clientela. "Esta tarde he cambiado de idea", concluía el viernes, "porque no se trata de un caso, sino algo que se repite todo el rato". "Me he dado cuenta de que las inmobiliarias también son responsables, que tienen que tratar a todo el mundo igual, que no pueden aceptar que alguien pueda alquilar a quien le dé la gana". "Se trata de un problema estructural: toda la sociedad es responsable de que se permita esta discrimianción sistemática", añade Ramírez de Olano.
CEAR Euskadi y SOS Racismo-Bizkaia están elaborando un informe en el que analizarán la información recabada el viernes, realizarán una serie de recomendaciones de buenas prácticas para la no discriminación en el sector inmobiliario y explicarán los pasos que debe seguir una persona que tope con este tipo de racismo. Ridruejo anima en todo caso a que se denuncien estas situaciones tanto en organizaciones antirracistas como en las oficinas de consumo(pidiendo en la inmobiliaria hojas de reclamaciones). "Es importante, para que las personas inmigrantes no incorporen la discriminación en su vida como algo normal a lo que tienen que acostumbrarse".
SIN VIVIENDA NO HAY PAPELES
SOS Racismo-Bizkaia publicó en 2008 un informe sobre la discriminación racista en el acceso a la vivienda. El estudio incluyó la realización de una simulación de búsqueda de vivienda: personas con diferentes acentos llamaban a los mismos anuncios de alquiler puestos por particulares. El resultado fue abrumador: el 63% de propietarios alquilaban el piso a la persona autóctona pero no a la que tenía acento extranjero. En ese informe, SOS Racismo constató además que en la mitad de los casos a las personas inmigrantes se les imponían condiciones más duras, como exigirles contrato, aval bancario o más meses de fianza.
Acceder a una vivienda es un derecho básico que asiste a toda persona. Sin embargo, en el caso de las personas inmigrantes, la Ley de Extranjería hace que sea especialmente importante tener un techo en el que poder vivir. Sin casa, la persona inmigrante no tiene dónde empadronarse. Y sin estar empadronada, no puede ni solicitar el permiso de residencia (se exige demostrar tres años de empadronamiento para regularizarse por la vía del arraigo social, la más habitual), ni renovarlo. Además, durante ese periodo de al menos tres años que la Ley de Extranjería obliga a las personas inmigrantes a vivir en situación irregular, el empadronamiento es la única puerta a derechos sociales básicos, como la educación, la tarjeta sanitaria, o la posibilidad de pedir ayudas sociales. También se exige tener una vivienda para poder reagrupar a familiares. Por último, todos estos obstáculos abocan a las personas inmigrantes a situaciones de hacinamiento y exclusión social. El racismo institucional y el racismo social se realimentan, dado que los propietarios que sólo alquilan a nacionales se escudan en asociar inmigración con hacinamiento y exclusión social, pero es la discriminación la que aboca a la marginalidad.
Ridruejo recuerda que no sólo las personas inmigrantes sufren el racismo, sino que aquellas cuya piel no sea blanca se exponen a la discriminación y a ser percibidas y tratadas como extranjeras, aunque hayan nacido en España. "¿Cuántos años tienen que vivir alguien como ciudadano de segunda hasta que pueda llevar una vida normal?", se pregunta.
