La Diputación Foral de Álava-Araba deja en la calle y sin recursos a jóvenes acogidos en sus centros porque las pruebas radiológicas contradicen sus pasaportes. El Ayuntamiento de Vitoria, por su parte, anuncia recortes en las ayudas a jóvenes.
PATRICIA MANRIQUE (REDACCIÓN CANTABRIA)
LUNES 20 DE FEBRERO DE 2012. NÚMERO 168
Desde diciembre del pasado año, ya han sido 27 los chavales expulsados de los servicios de acogida alaveses en base a pruebas radiológicas, descalificadas por distintas voces, entre ellas la de la Defensora del Pueblo, por tener un margen de error de hasta 18 meses. No sólo han sido expulsados pese a tener un pasaporte válido que indicaba minoría de edad, además no se les facilitó recurso alguno a unos jóvenes que, en todo caso, tendrían 18 años, y han quedado expuestos a la indigencia. Pese a todo, los chicos siguen acudiendo a cursos de formación.
Condenados a la indigencia
“Ahora mismo están acogidos en el albergue y en el Dispositivo de Acción Invernal (DAI), y tienen comida. El problema es que no sabemos qué va a pasar cuando se acabe el frío, en especial los que llevan menos de seis meses empadronados”, informa Mari Mar Jiménez, de la Plataforma Alavesa de Apoyo a personas jóvenes extranjeras, una red de personas y colectivos que trabaja en Álava-Araba desde 2010 preocupados por la situación de la juventud migrante. Tras acoger a los chicos en sus casas, y conseguir para ellos una mínima atención por parte del ayuntamiento de Vitoria, la Plataforma ha habilitado una petición de firmas en Actuable para que se detenga esta situación de “emergencia humanitaria”.
El DAI es uno de los llamados “recursos de baja exigencia”, destinados a transeúntes sin hogar, que puede consistir en una cama o simplemente un aislante y un saco en un albergue, y su duración está estimada hasta el 1 de abril máximo, antes si mejora el tiempo. Cuando esto ocurra, la plataforma ha podido saber, con sumo esfuerzo- “leyes hay, pero los trabajadores sociales hacen un poco lo que les da la gana”, señala Jiménez-, que quienes lleven seis meses empadronados tendrían derecho a una mínima atención, al menos en cuanto a comida. Pero a algún joven ya le han abierto, incluso, expediente de expulsión. La dureza con los jóvenes migrantes a los 18 años es una práctica denunciada en otros puntos del Estado.
Cambio de política
Hasta diciembre del pasado año, los chicos y chicas que salían del centro de protección eran acogidos en el Albergue Municipal. Ahí comenzaban el llamado itinerario de inserción, que los llevaba del albergue a un piso de jóvenes, la búsqueda de habitación en alquiler y la posterior tramitación de una ayuda municipal de urgencia. El 2 de diciembre, cinco chicos fueron expulsados por las pruebas radiológicas y no se les facilitó alojamiento ni comida, tan sólo tres días de albergue. Los expulsados tienen alrededor de cinco meses de padrón, y acuden diariamente a un centro municipal de formación ocupacional a estudiar, pero se les niega un apoyo de urgencia y se les recomienda “que vuelvan a las ciudades desde donde llegaron”.
Los casos se repitieron, hasta un número de 27. “Además, diputación no documenta a estos chavales, no documenta su salida, ni siquiera les da la resolución administrativa de cese de tutela y de cese de acogimiento residencial, con lo cual no pueden recurrir”, explica Jiménez. Esto hace que sus abogados no puedan iniciar un procedimiento judicial ni, en consecuencia, solicitar medidas cautelares, como mantener a los chavales en centros hasta que exista una resolución judicial, en prevención de que se confirme su minoría de edad. En el Estado español se barajan diversos criterios y las sentencias judiciales han sido fundamentales en multitud de casos.
“Cansarles” para que se vayan
Algunos jóvenes expresan su temor a que pasen los tres meses de los que disponen para recurrir y que, sin los documentos de diputación, ya no puedan hacerlo. Tan sólo cuatro han recibido dicha notificación, y en uno de estos casos, los documentos se recibían en febrero, pese a estar fechados en diciembre. ”No se entiende lo que hacen, parece que quieren que los chavales se cansen y se vayan”, reflexiona Jiménez. Tampoco tienen acceso al informe médico, sólo pueden acceder los abogados y dentro de un procedimiento judicial.
Por su parte, el alcalde de Vitoria-Gasteiz, Javier Maroto (PP), ha anunciado que la ayuda para la compra de alimentos que se otorgaba a jóvenes de 18 a 23 años será suspendida. El alcalde insinuaba en sus declaraciones que toma la medida en respuesta a una utilización fraudulenta de esta subvención –apuntando que algunos jóvenes acuden a los servicios sociales “con zapatillas de Prada”- que, por otro lado, reconoció, “no está corroborada”.
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